martes, 22 de octubre de 2013

Sobre la derogación de la doctrina Parot


Ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aseguró que la etarra Inés del Río, que ha asesinado a 24 españoles por el mero hecho de serlo, y con la excusa de que eran "miembros de los cuerpos represivos de un Estado fascista que no permite la libertad de Euskal Herría", tiene razón en su causa contra la Doctrina Parot en tanto que su detención fue "no regular", que España vulneró los artículos 5.1. y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que afirman, respectivamente, que "no hay pena sin ley" que avale dicha detención, y que la etarra tiene "derecho a la libertad y a la seguridad", y que además vulneró el artículo 7 del Convenio de Roma, que afirma que "nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento de ser cometida, no constituya infracción alguna según el derecho nacional o internacional, ni podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento de cometer dicha infracción". Este hecho político, y no solo jurídico, me merecen las siguientes reflexiones:

a) La doctrina Parot creó jurisprudencia en el año 2006 cuando intentó "corregir" el código penal español de 1973 que establecía que en el caso de cometer un delito de asesinato o más, el tiempo máximo de paso en prisión sería no más de 30 años. No obstante, el código penal de 1995 derogó el de 1973, pero los condenados por crímenes horrendos durante el tiempo que duró el código penal anterior siguieron viviendo su estancia en prisión en base al código de 1973. El Estado español trató de prorrogar las penas de cárcel de muchos de esos criminales, como la etarra citada o Miguel Ricart, uno de los asesinos del brutal crimen de Alcasser, localidad valenciana donde fueron asesinadas despiadadamente tres adolescentes en 1992. Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) asegura que la remisión de pena era obligada también debido a los trabajos realizados en prisión por Del Río, siempre en base a esa base que ya tenía el CP español de 1973, con vistas a la reinserción de los penados. Así pues, lo primero que nos encontramos es una chapuza del poder judicial español, en tanto que, tratando de salvaguardar un CP que aseguraba la reinserción, sobre todo, de criminales y torturadores franquistas durante la segunda mitad de la dictadura y ya durante la Transición española (así podrían pasar poco tiempo en la cárcel, pongamos por caso, los asesinos de Montejurra o los de los abogados de Atocha), al mismo tiempo trataba de alargar las penas, en base a reinterpretación de Derecho, de aquellos criminales horrendos que consideraba peligrosos para la eutaxia (buen orden) del Estado, particularmente los etarras más peligrosos y sanguinarios, los etarras "ochenteros", como Inés del Río o De Juana Chaos, hoy fugado. Entonces, encontramos que, en España, ya desde el último periodo del franquismo y luego en democracia, la reinserción ha sido la base ideológica del poder judicial español pues, y esto sí tiene una lectura completamente burguesa de los "derechos humanos", todo criminal reinsertado es un nuevo prosumidor en la sociedad que puede permitir, una vez esta sociedad lo acepta, la recurrencia del sistema económico dominante. Y no en vano, frente a esta idea, protestaron los países del Pacto de Varsovia y China contra la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, recordando la crítica de Marx a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Y es que cuando unas leyes que buscaban un efecto concreto en 1973, sirven de base para ideologizar el régimen democrático hijo suyo en un liberalismo progresista presentado sin tapujos, el mero hecho de pedir, no ya la pena capital o la "eutanasia procesal", sino la cadena perpetua, podría ser visto como un remedo franquista o propio de dictaduras totalitarias, inaplicable en un "Estado de Derecho" entendido a la socialdemócrata o a la liberal (que es prácticamente lo mismo). Así pues, el problema y error de entrada, de esos errores que dejan agujeros por los que los abogados talentosos del entorno proetarra se pueden colar, permite que la Unión Europea niegue una vez más soberanía nacional a España, si bien durante la crisis en lo político-económico, ahora también en lo judicial. Cuando uno hace las cosas mal, lo paga.

b) España carece de soberanía nacional efectiva, ergo las mentiras de los sucesivos gobiernos de Zapatero y Rajoy acerca de que "España no está intervenida" son eso, mentiras y gordas. La prueba, en el caso que nos ocupa en esta entrada, es que el Estado liberará a Inés del Río, y mientras el proetarrismo jurídico pedirá la excarcelación de 55 presos etarras más sujetos a la misma aplicación de la ya malograda doctrina Parot. Y aunque España podría negarse a aplicar esa sentencia del TEDH como otras potencias internacionales se niegan a aplicar sentencias de "tribunales internacionales", España no es Alemania ni Estados Unidos, debe mucho en base a alianzas que la permitirán a corto plazo salir de la crisis pero a medio-largo plazo ceder aún más elementos soberanos políticos a potencias extranjeras, y por ello tragaremos. España es un Estado débil, que es casi decir que es un "Estado fallido" pero en el "Primer Mundo", por culpa de nuestros enemigos seculares internacionales, pero también por garrafales errores propios.

c) No hay que olvidar que en el TEDH se encuentra Luis López Guerra, magistrado de dicho tribunal que en los años de negociación con ETA del gobierno Zapatero fue Secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007. López Guerra siempre fue partidario de derogar la doctrina Parot y del recurso de Inés del Río, cuyos abogados en "Europa" fueron pagados por Sortu, uno más de los tentáculos (este todavía ilegal) de ETA en las instituciones políticas españolas. Así pues, y una vez más, la socialdemocracia española le hace la cama al nacionalismo étnico-fraccionario y antiespañol, sea este vasco, gallego o catalán, porque consideran que defender, aún mal, los intereses de España en el Mundo es algo "franquista" y "fascista". Desde Otto Bauer y el austromarxismo, la socialdemocracia se ha acostumbrado a acostarse con el nacionalismo no político sino étnico frente a supuestos enemigos suyos como la "derecha" o el bolchevismo, y de ahí que la socialdemocracia fuese la cuna del fascismo italiano, la principal fuente de militancia del NSDAP alemán o, en el caso español, el receptáculo de millones de falangistas que dejaron de serlo tras la muerte de Franco y, hoy, los mejores aliados del balcanismo étnico antiespañol que, entre otras cosas, balcaniza también a la "clase obrera" española que tanto dicen defender desde sus partidos (PSOE, Izquierda Unida -aún habiendo honrosas excepciones a esta deriva, como el comunista Paco Frutos-), o sus sindicatos (UGT, Comisiones Obreras).

d) En lo que respecta a la conexión entre la doctrina Parot y la reforma penal de Alberto Ruiz Gallardón que tratará de "criminalizar la protesta política en España", está por ver qué pasará, pero veo difícil que la "protesta social" cambie algo realmente a nivel político en España, pues no lo ha hecho, salvo por apariencia falaz, en la política española democrática. No puede sustancializarse la acción de los vectores ascendentes de los poderes políticos pues, si eso se hace, se cae en el populismo, y no en análisis serios de acción colectiva. Está por ver que esa "protesta social" a corto o medio plazo consiga logros políticos con mayúsculas frente a la coyuntura política que vivimos. Logros que, cierto, no logrará en absoluto la crítica de estos movimientos sociales, aunque tampoco lo pretende.

e) En todo caso, esta es una mala noticia para España sin duda. Pues lo que está claro es que los miembros de los poderes políticos descendentes españoles son impresionantemente torpes, y sin embargo ETA se apunta día sí y día también logros estratégicos a nivel internacional, como ha sido también la ceremonia de firmas de ex-presidentes iberoamericanos en México DF este mismo mes. Repito, cuando desde el principio se hacen las cosas mal, pasa lo que pasa.