EREs sindicales

Un ERE , o expediente de regulación de empleo, no es más que una figura legal que justifica la petición de ayuda por parte de una empr...

Un ERE, o expediente de regulación de empleo, no es más que una figura legal que justifica la petición de ayuda por parte de una empresa para realizar despidos masivos en caso de pasar esta empresa por problemas económicos graves. Se trata, por tanto, de pedir amparo a la autoridad laboral vigente para despedir trabajadores. Los EREs se justifican por causas técnicas, tecnológicas, organizativas o de producción. También por suspensión de la relación laboral por fuerza mayor (que no puede evitarse ni preveerse), o por extinción de la personalidad jurídica del contratante. La expresión "expediente de regulación de empleo" tiene su origen en la regulación laboral de la Unión Europea. Los sindicatos españoles "de clase", Comisiones Obreras (CC.OO., ligada al Partido Comunista de España -PCE-, en teoría) y la Unión General de Trabajadores (UGT, ligada al Partido Socialista Obrero Español -PSOE-), han realizado en los últimos meses EREs masivos. Esto evidencia que los sindicatos funcionan como empresas, y si desean ser recurrentes como instituciones económicas que son también, tienen que despedir trabajadores.

En los EREs la iniciativa de despido siempre la tiene el contratante, en este caso los sindicatos. La UGT ha aprobado varios EREs en cada una de sus federaciones autonómicas: en Andalucía despidieron a 187 de sus trabajadores pagandoles indemnizaciones de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades. Lo que equivale a aplicar la legislación laboral vigente con gobierno del Partido Popular (PP), cuya reforma laboral fue contestada por estos sindicatos con ya varias huelgas generales fracasadas, de un solo día de duración cada una, y con muy poca o nula credibilidad ante la ciudadanía. No deja de ser curioso que estos sindicatos que, en sus estatutos afirmen querer crear "fuerzas de emancipación integral de la clase obrera, asumiendo algún día la dirección de la producción, el transporte, y la distribución en intercambio de la riqueza social" (en el caso de UGT), o, en un llamado "sindicalismo de nuevo tipo", la "supresión de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad socialista democrática" (en el caso de CC.OO.), apliquen medidas típicas de las nuevas empresas capitalistas europeas que, bajo legislación comunitaria, protegen, de manera lógica por otra parte, sus intereses como instituciones económicas que buscan su recurrencia, su perseverar en el ser, deshaciéndose de fuerza de trabajo superflua a la que no pueden mantener si no quieren verse abocadas a su extinción.

UGT ha despedido en Galicia a 31 trabajadores, en Cantabria a 10, en Navarra a 19, en Valencia a 32 y en Madrid a 36. CC.OO. ha despedido a 24 de sus trabajadores en Galicia, 25 en Cantabria, 20 en Castilla y León, 50 en Extremadura, 20 en Andalucía y 29 en Canarias. Un total de 168 trabajadores a la calle. En Aragón y Castilla y León han planteado además ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que suelen durar un año) a casi un centenar de trabajadores.

Los sindicalistas se quejan siempre de su soledad, de no poder conseguir que sus compañeros de trabajo se quieran organizar para luchar por el mantenimiento de sus puestos de trabajo y de sus salarios. Se han visto muchas veces solos en asambleas y comités de empresas ante la incomprensión de sus compañeros de empresa. No obstante, ¿qué tipo de confianza va a tener un trabajador español en unos sindicatos que, desde hace ya varios años, y con la crisis económica de manera aún más flagrante, han dejado ya de "representarlos", y les han obligado a firmar contratos basura, expedientes de regulación de empleo masivos, mientras les hacían abarrotar las calles de las ciudades españolas con sus banderas sindicales de plástico, al tiempo que movilizaban al resto de las izquierdas marginales (lo que queda del comunismo, del anarquismo, diversas izquierdas indefinidas) y no marginales (progres y socialdemócratas varios, además de segundorrepublicanos de toda clase)?

Porque la aplicación por parte de los sindicatos de estos EREs muestra que la representación (concepto metafísico que hace alusión a aquello que, en la línea de la filosofía idealista alemana, forma contenido concreto de un acto de pensamiento), de los trabajadores españoles no puede asociarse a estas instituciones. Quien aplica los convenios colectivos, quien regula, por ley, los Estatutos de los Trabajadores en cualquier nación, es el poder judicial del Estado, en la capa conjuntiva del poder político, que además publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) o en los boletines oficiales de las administraciones autonómicas, estos convenios a los que me refiero. Luego es el Estado, y no los sindicatos, quien representaría a los trabajadores. Y más cuando los trabajadores (el conjunto de sujetos que, en un territorio determinado, realizan labores que permiten la recurrencia del campo económico de la sociedad política a cambio de un salario o no -como es el caso de las personas con contrato por obra y servicio que tardan meses en cobrar si es que cobran, los becarios sin salario, o incluso de determinadas figuras del trabajo doméstico actual-), son al mismo tiempo ciudadanos o residentes en una nación política. La única manera en que estos sindicatos pueden decir que representan a los trabajadores es mediante sistemas verticales de funcionamiento, de integración de varias clases de trabajadores en sus diversas ramas, y con la integración vía subvenciones (presupuestos) o vía concesiones administrativas, con los poderes conjuntivos (legislativo, ejecutivo y judicial) o basales (gestor, planificador, redistributivo) del Estado. Es decir, los modelos típicos del comunismo soviético, del fascismo italiano, del nacionalcatolicismo español o del Estado de bienestar democrático europeo. En definitiva, el Estado son sus trabajadores y los trabajadores son el Estado.

No es además casual que estos sindicatos de clase se hayan lucrado haciendo firmar todos estos EREs a quienes dicen defender. Probablemente, la ideología dominante en estos sindicatos lleve a muchos a llamarme "fascista" por afirmar esto (cuando con su actitud sumisa a la cúpula sindical que les paga o les hace pagar cuota permite la existencia de este verticalismo fascistoide en los sindicatos españoles que es heredero, precisamente, de la organización verticalista de los trabajadores españoles en la dictadura de Franco, sistema político que es padre de la democracia monárquica actual). No me parece mal que una persona que trabaje como asesor cobre un salario, aún cuando asesore en despidos y trabaje en un sindicato. Lo que resulta inadmisible, por su hedor corrupto aunque sea legal, es que estos sindicatos, por vías administrativas que nunca han contestado, hagan cobrar a cada trabajador entre un 10% y un 15% de la cantidad obtenida como indemnización por encima de los 20 días por año trabajado. Así, cada asesoría jurídica sindical se embolsaría entre 100.000 y 300.000 euros por cada ERE, esto es, una media anual de 80 millones de euros desde 2008 (desde el comienzo de la crisis económica en España).

Los EREs en CC.OO. tienen el "doble delito" además de ser realizados por un sindicato de pasado comunista. Y el hecho de que los sindicatos, según la teoría marxista, nunca hayan sido revolucionarios y siempre conservadores (argumento de mala fe), no exime de culpa y responsabilidad a estas instituciones en su connivencia con la destrucción del tejido productivo español y por un machaque continuo a los trabajadores españoles que empezó en el tardofranquismo con la apertura económica de la mano del Opus Dei en 1959, siguió durante la transición y, pese a los años de calma de los sucesivos gobiernos socialdemócratas de Felipe González, sufrió su ataque de mayor calado con el ingreso de España en la Unión Europea en 1986 y con la firma de Tratado de Mäastricht en 1992. Desde entonces, y tras la primera gran reforma laboral de 1994, que introdujo las empresas de trabajo temporal en España, los sindicatos UGT y CC.OO., pese a que en ellos todavía militan sindicalistas honestos, se han convertido en palmeros del capital que solo se movilizan de manera masiva cuando gobierna el Partido Popular (PP), ya que tras las purgas que quitaron, primero en CC.OO., a la línea obrerista de Marcelino Camacho para colocar al socialdemócrata Antonio Gutierrez, y posteriormente la de Nicolás Redondo en UGT para colocar al sumiso Cándido Méndez, no se han dedicado más que a ser maestros de los indignados en llevar de la mano a la gente por las calles mientras la verdadera lucha política se lleva a cabo en los vectores descendentes del poder político. CC.OO. tiene que aplicar medidas propias de toda empresa capitalista porque ha de proteger unos 47 millones de patrimonio que son necesarios para su recurrencia como empresa. No obstante, CC.OO. mostró resultados positivos en los tres primeros ejercicios fiscales en los que ha estado presente, como secretario general del sindicato, Ignacio Ferández Toxo.

La conclusión es clara: el apoyo a reivindicaciones obreras en España, si se quiere conservar un mínimo de dignidad y honradez política, solo puede hacerse por coherencia ideológica, aunque coherencia no es virtud. El apoyo a los sindicatos de clase mayoritarios, con todo un expediente histórico de traiciones a los trabajadores españoles, y por mucho que les duela a amigos y conocidos míos sindicalistas, solo lleva a ahondar en la situación actual española. Los sindicatos nunca han sido revolucionarios, pero es que ni siquiera hoy día son reformistas. Son una lacra para los trabajadores españoles que, si no sufren una catarsis institucional de calado, continuarán traicionando a quienes dicen defender mientras inoculan en sus trabajadores (despedidos o no) y militantes la falsa conciencia que les lleva a creer (pura fe) que sus sindicatos-empresa capitalista les representan. Esto mismo ocurrirá con las reivindicaciones justas de los trabajadores de Iberia. Pero en España son malos tiempos para el socialismo revolucionario materialista no ya anti-sindical, sino crítico furibundo de estas instituciones capitalistas, entre ellas los sindicatos.